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Fecha: 2/10/2012

Fuente: La Información

PRESUPUESTOS

El Gobierno salva a la Seguridad Social de los números rojos con un truco contable

Bruno Pérez

martes, 02/10/12 – 06:00

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  • El Estado duplicará en 2013 el flujo de dinero hacia la Seguridad Social para equilibrar sus cuentas
  • Las prestaciones asistenciales se financiarán por primera vez únicamente con impuestos
  • Las cotizaciones de las nóminas no llegarán para pagar las pensiones por primera vez desde 1995
El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos.

En el año 2009 el Ministerio de Trabajo que por aquel entonces dirigía Celestino Corbacho encargó un informe para determinar cómo afectaría la crisis económica y financiera a la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

El informe concluyó que, bajo los parámetros vigentes entonces (básicamente, los mismos que ahora), el sistema mantendría el equilibrio presupuestario hasta 2029 y no necesitaría recurrir al Fondo de Reserva, la hucha de las pensiones que se ha ido alimentando durante los años de bonanza, hasta 2023.

La realidad ha resultado ser mucho más cruda. Según las previsiones que figuran en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013,el sistema público de pensiones dejará de ser sostenible desde el punto de vista financiero ya el próximo año, cuando los ingresos derivados de las cotizaciones a la Seguridad Social que abonan trabajadores y empresas (105.863 millones de euros) no alcanzarán por primera vez desde 1995 para financiar el gasto asociado a la parte contributiva del sistema público de protección social (106.350 millones de euros).

Hablamos aquí de las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente o ayuda familiar, cuya percepción se ha generado a partir de las cotizaciones abonadas mensualmente en la nómina.

Desde la Seguridad Social se asegura que este desequilibrio no es nuevo, que ya empezó a registrarse en el año 2010 y que ha acumulado una factura superior a los 7.700 millones de euros desde entonces, pero la realidad es que nunca antes se había reconocido dentro del Presupuesto del Estado.

Sobre el papel, ese desfase de 500 millones conduciría a  la Seguridad Social a quedarse sin dinero en la caja a la altura de diciembre del año que viene para abonar la pensión de jubilación, viudedad o incapacidad de unos 600.000 pensionistas, el 6,7% del total.

Afortunadamente, existen resortes financieros que impedirán que esto ocurra. Por un lado, está el Fondo de Reserva de las pensiones, la hucha creada para ahorrar los excedentes generados por cotizaciones sociales durante los años de bonanza y emplearlos cuando esos recursos faltaran, como es el caso.

En la actualidad ese fondo -que está invertido casi íntegramente en deuda pública española- tiene una dotación de 70.000 millones de euros, suficientes para pagar nueve meses y medio de la nómina de las pensiones contributivas. El Gobierno ya ha anunciado que empezará a utilizarlo este mismo año para pagar parte de la nómina de las pensiones.

Su uso, eso sí, está limitado. Según la regulación actual del Fondo, sólo podría tirarse de él a razón de poco más de 3.000 millones anuales, una cuantía que podría revelarse insuficiente más pronto que tarde. Cabe la opción de modificar la regulación para poder sacar más dinero, pero fuentes gubernamentales aseguran que, de momento, no se lo plantean.

Los cálculos gubernamentales para 2013, que muchos tachan de optmistas, prevén que el gasto en pensiones contributivas crezca un 4,3% mientras que los ingresos por cotizaciones caerían un 0,4%. Si alguna de esas magnitudes se desviara el recurso anual al Fondo de Reserva podría quedarse corto.

Tal vez previendo eso el Gobierno ha pintado en los presupuestos de 2013 una exótica transferencia adicional de recursos por 2.309 millones de euros desde el Estado a la Seguridad Social, que justifica en la devolución de una serie de pagos por pensiones no contributivas, prestaciones familiares y cuotas sociales de cuidadores no profesionales por el sistema de atención a la dependencia que habría hecho la Seguridad Social cuando realmente correspondían al Estado.

Se trata de una curiosidad presupuestaria sin precedentes que parece más un colchón de recursos adicionales ante lo que pueda ocurrir con las cuentas de la Seguridad Social que otra cosa.

Separación de fuentes de financiación

Pero la prueba del nueve de que el Presupuesto de 2013 constituye una suerte de operación de rescate a la Seguridad Social es el sistema de pago de las prestaciones no contributivas del sistema.

Fue en 1996 cuando el informe de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, asesorada por los principales expertos en la materia del país, incluyó entre las medidas recomendadas para garantizar la sostenibilidad futura de la Seguridad Social, la separación de fuentes de financiación del sistema.

De este modo, la parte de prestaciones contributivas del sistema, es decir, aquellas que se reciben en función de lo aportado durante los años en que se ha cotizado a la Seguridad Social, se financiarían exclusivamente con cotizaciones sociales; mientras que la parte no contributiva, las prestaciones que se abonan por causas asistenciales cuando se aprecia una situación de especial necesidad, se financiarían con impuestos.

El Gobierno asumió esta recomendación y se comprometió a llevarla a término en los años siguientes. Ese compromiso ha permanecido incumplido hasta ahora. Hasta ahora, porque el año que viene se completará el proceso de separación de fuentes de la Seguridad Social.

¿Por qué ahora, precisamente? Hasta hace tres años las cuentas de la Seguridad Social han vivido en una situación de permanente superávit, mientras que las del Estado han tenido dificultades, incluso durante los años más potentes de la burbuja, para no cerrar con déficit.

En ese escenario, los responsables gubernamentales entendían que era más necesario que la Seguridad Social financiara gastos que en realidad eran del Estado que al revés.

Los tiempos han cambiado y hoy es la Seguridad Social la que necesita de todos los recursos disponibles para no entrar en números rojos.

De no haber hecho nada en 2013, es decir, de mantener el mismo marco vigente este año, la nómina de las pensiones no contributivas habría abierto un agujero de 6.600 millones de euros en las cuentas de la Seguridad Social, que ni los ingresos por cotizaciones ni el Fondo de Reserva, que sólo se puede utilizar para pagar pensiones contributivas, podrían haber sellado.

Hechos los cálculos, al Gobierno no le ha quedado otro remedio que 17 años después asumir la factura íntegra de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social,. En los Presupuestos de 2013 esta decisión se traduce en un incremento de 6.600 millones en las transferencias del Estado a la Seguridad Social por este concepto.

Reformas necesarias

Estos ajustes contables entre los balances del Estado y de la Seguridad Social van a permitir, al menos sobre el papel, que el sistema público de pensiones sea viable en 2013. La pregunta es: ¿lo sería en 2014?

Con el recurso al Fondo de Reserva limitado, la separación de fuentes completada y la economía aún en recesión, sin capacidad de aportar nuevos empleos y, por tanto, nuevos cotizantes, las dudas sobre la viabilidad financiera de la Seguridad Social son más razonables. Carlos Bravo, de CCOO, augura que la desviación respecto a las cuentas presupuestadas podría ser de unos 4.000 millones de euros en 2013.

Por eso, en los próximos días, según confirman fuentes de la Seguridad Social, el Gobierno llevará a la Comisión del Pacto de Toledo una propuesta de reforma del sistema, que perseguirá el objetivo de rebajar la presión financiera sobre el mismo por el camino ya conocido de aproximar la edad real de jubilación a la legal: hoy 65 años; a partir del 1 de enero de 2013 un mes más tarde al año hasta llegar a los 67 años en 2027.

Sobre la mesa, en realidad, todo el sistema. Desde Seguridad Social se habla de modificaciones en la regulación de la jubilación anticipada, que hoy permite retirarse a partir de los 61 años con una importante penalización sobre la pensión, decreciente según se acerque la edad de retiro a los 65; la jubilación parcial, que compatibiliza la retirada gradual de un trabajador con el ingreso progresivo en el mercado laboral de un joven; y el sistema de actualización de las pensiones según el IPC.

Aquí el Gobierno maneja varias alternativas, pero todas pasan pordesvincular la subida de las pensiones del índice general de precios, que ha pasado una costosa factura a la Seguridad Social en los últimos años.

Pero también se hablará del índice de sostenibilidad. Un indicador que aglutina todas las variables relevantes del sistema, desde la edad de jubilación hasta los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión. Es decir, todo el sistema está en cuestión.

 

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