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Fecha: 3/10/2012

ASUNTOS SOCIALES

La Policía también protesta contra los recortes: “No somos ciudadanos de primera”

 

  • Tres sindicatos policiales han convocado, coincidiendo con su festividad, una concentración este martes frente al ministerio de Interior
  • Lamentan el “aprovechamiento” que hace la clase política de sus éxitos

Tres sindicatos policiales frente a Interior

La Confederación Española de la Policía (CEP), la Unión Federal de la Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de la Policía (SPP) se han concentrado este martes frente al Ministerio del Interior coincidiendo con la celebración del día de la Policía. En el resto de España se han movilizado frente a las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno.

“Desde el año 2010 hemos sufrido un recorte, una congelación, la eliminación de una paga extra y un 75% de la ayuda de acción social”, lamenta Javier Arrillaga, secretario general de la Unión Federal de Policía y sentencia “todo ello nos tiene que llevar indefectiblemente a una protesta”.

Las declaraciones las hace mientras varios de sus compañeros mantienen pancartas con “no a los recortes” y “así, no”. Tres organizaciones (Confederación Española de la Policía, Unión Federal de la Policía y el Sindicato Profesional de la Policía) habían convocado esta mañana una concentración frente a Interior coincidiendo con la celebración de su patrón, los Ángeles Custodios.

Unos 150 agentes salían hoy a la calle a protestar, una cifra que admiten que no es “muy alentadora”. “Ha venido muy poca gente, estamos un poco desanimados”, afirma Luis Perelló, 31 años de servicio y representante sindical de Ceuta. “Cuando hay vacas gordas no hay dinero para nosotros y con vacas flacas somos los primeros a quien recortan. No tenemos concedido el derecho de huelga, no somos ciudadanos de primera”.

Los recortes sufridos tanto por el Gobierno socialista como por el actual son una de las causas que les empujan a salir de la calle, pero hay otras muchas como “el trato” recibido por la clase política o el “aprovechamiento” que hacen de sus éxitos sin recibir ninguna contraprestación a cambio.

“Hay determinados profesionales de la política que se han especializado en esconderse detrás del trabajo de la Policía para no tener que dar explicaciones a la sociedad por sus errores o por la decisiones mas polémicas que tanto daño hacen”, afirman los convocantes.

Trabajar contra los tuyos

Desde que se anunciaran los recortes al sueldo de los funcionarios en julio, distintos sectores de trabajadores públicos han mostrado con concentraciones o marchas su rechazo a las medidas. En éstas, eran muchos los que increpaban a la policía el colocarse del otro lado: “Ese de la porra en Navidad tampoco cobra”, era uno de los lemas de los manifestantes.

“Al margen de la simpatía que tengamos hacia quien está en frente de nosotros en una manifestatición, somos profesionales, nos debemos a la legalidad vigente”, afirma Arrillaga y subraya: “Vamos a seguir cumpliendo con nuestra obligación”.

Begoña Gallego, 10 años en el cuerpo y secretaria de formación de la UFP, admite: “Me da mucho coraje que la policía sea hoy día la mala cuando estamos igual de implicados que la persona que está protestando delante”.

Pese a ello, la agente recuerda que tampoco pueden quedarse de brazos cruzados frente a las agresiones: “Si te tiran una piedra ¿qué haces? no te puedes quedar quieto,hay que actuar. En las protestas sólo se venden los palos que da la policía, cuando un compañero da un golpe no se sabe qué ha hecho la otra persona, sólo se ve que el compañero da el golpe”.

¿Es posible una imagen como Grecia con los policías quitándose los cascos y abrazando a los manifestantes? “No lo creo”, afirma Perelló, “allí han bajado el sueldo a los funcionarios un 50 por ciento, de momento eso no está pasando en España y ojalá que no lleguemos a ello”. No obstante, admite que están preocupados por su imagen: “La realidad es que quien manda cargar es el delegado del Gobierno y el subdelegado”, dice Perelló, “es tan sencillo como esto. Nosotros cumplimos órdenes”.

La próxima cita será el 27 de octubre, día en el que estos tres sindicatos han convocado un “gran acto” a nivel nacional frente a Interior, el sitio, tal y como afirma Francisco Salvador, de la UFP, no es aleatorio: “Vamos a convergir todos aquí porque es un lugar emblemático para nosotros y queremos que sea aquí donde denunciemos la salvaje política de recortes salariales, laborales y sociales que estamos sufriendo”.

Por su parte, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y el Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE) han convocado una manifestación en Madrid que tendrá lugar el 17 de noviembre.

 

Los recortes hunden el empleo a su nivel más bajo de los últimos nueve años
Los recortes hacen cada vez más mella en el empleo público. Tanto es así que en septiembre la Seguridad Social contó 86.174 afiliados menos que el mes anterior. Buena parte de esa caída se debe a las plazas que a la vuelta del verano no se han cubierto en la sanidad y la Administración. Para encontrar una caída más dura, hay que remontarse hasta el mismo mes de 2008, justo en el epicentro de esta crisis que camina hacia su sexto año y ha llevado a la Seguridad Social en septiembre al número más bajo de afiliados desde 2003, según el Ministerio de Empleo. Tampoco el paro registrado ofreció síntomas de esperanza, subió en 79.645 desempleados y situó la cifra total en 4,7 millones.

Cuando acaba el verano, el estacional mercado laboral español enfila su peor época. Es así incluso cuando la economía crece. Se acaba la temporada alta turística y el buen tiempo para la construcción. El mes pasado, este fenómeno se cobró 39.184 afiliados de la Seguridad Social y 13.781, respectivamente. Además, en plena recesión hay que sumar la caída del consumo, que castiga el empleo en el comercio (-31.640).

Pero este año hay que sumar los recortes que han emprendido todos los Gobiernos: central, autonómicos y locales. Y así lo reflejan ramas de afiliación como la sanidad (-20.071) y Administración pública (-19.743). “Claro que estos datos tienen que ver con las medidas de ajuste y el esfuerzo que se está haciendo para reducir el déficit”, admitió este martes el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos.

No cayó, en cambio, la afiliación en educación, otro de los sectores donde los recortes hacen mella. Creció en 30.296 cotizantes respecto al mes anterior. Sin embargo, el aumento es significativamente menor que un año antes (38.349). Molesta en el instituto público el comportamiento estacional en este sector. Explicó Burgos que, en su opinión, no se justifica y más si se compara con lo que sucede en otros países. “Habrá que buscar fórmulas para que esto no suceda”, advirtió el secretario de Estado.

(El País, 03-10-2012)

 

Empleo ultima un cambio radical de las jubilaciones anticipada y parcial
Los técnicos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ultiman estos días su propuesta para reformar radicalmente las modalidades de jubilación anticipada y parcial. En concreto, barajan endurecer las condiciones de acceso al retiro anticipado y el parcial podría hasta desaparecer. Además, el Gobierno planea desvincular la revalorización de las pensiones del IPC desde 2013.

Prácticamente una de cada dos jubilaciones que se registran en España se produce antes de la edad legal de retiro (65 años). Y las últimas reformas para limitar las jubilaciones parciales y las anticipadas “no han operado lo suficiente y el sistema sigue demasiado abierto a ellas”, opinaba ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos.

Por ello confirmó que el Gobierno presentará en las próximas semanas a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo su propuesta de reforma de estas modalidades de retiro. Entre las modificaciones que pondrá encima de la mesa está la de endurecer el acceso a la jubilación anticipada, que supera los 100.000 beneficiarios en el sistema. La última reforma de pensiones de 2011 ya elevó de los 61 a los 63 años el acceso a esta modalidad de retiro en el caso de que la jubilación sea voluntaria y no por causa no imputable al trabajador (despido). En este último caso se mantiene la edad de 61 años.

De ahí que el endurecimiento solo puede pasar por otro retraso en la edad de acceso o un aumento de los coeficientes penalizadores, situados entre un 6% y un 8% anual, según los años cotizados. Si bien el retraso en la edad de acceso a los 64 o incluso 65 años solo tendría sentido si el Gobierno decidiese también adelantar el calendario progresivo de implantación del retraso de la edad de jubilación a los 67 años; ahora previsto para 2027. Este adelanto del calendario previsto en el retraso de la edad de jubilación también se ha barajado como uno de los requisitos que podría poner Bruselas en un eventual rescate de la economía española, pero hasta la fecha, distintos miembros del Ejecutivo han negado este punto en diversas ocasiones.

En cuanto a la jubilación parcial, la propuesta del Gobierno podría llegar a suponer su desaparición si hubiera consenso para ello en el Pacto de Toledo. En la actualidad hay 121.207 beneficiarios con una pensión media mensual de 1.500 euros, lo que tiene un coste para la Seguridad Social de más de 2.000 millones de euros.

Según manifestó Burgos la pasada semana, el Gobierno “tiene que acabar con esos privilegios” que, según describió ayer, “son una gran losa” para las finanzas del sistema de Seguridad Social. “No han cumplido con el objetivo de mantener a la gente trabajando más allá de la edad de jubilación sino todo lo contrario, la están sacando mucho antes del mercado”, insistió Burgos. En ese sentido precisó que no se trataría de “nuevos recortes sino de un diseño nuevo” de estas modalidades de jubilación “que es lo que recomienda Bruselas”.

Revalorización en el aire
Otra de las recomendaciones en la sombra de Europa para una España con el rescate en el horizonte está relacionada con el actual sistema de revalorización de las pensiones. La ley obliga a actualizarlas cada año en función del IPC de noviembre y consolidar dicha revalorización para siempre en las nóminas a partir del año siguiente.

No obstante, la actual situación de déficit que atraviesa la Seguridad Social ha hecho que se ponga en cuestión la revalorización de 2012. Burgos insistió ayer en que el Ejecutivo “cumplirá la ley” que obliga a hacer esta revalorización y consolidarla. Aunque también precisó que debido al fuerte alza de la inflación (3,5% en agosto) “que nadie se esperaba”, cuando se sepa el IPC de noviembre “se evaluará su impacto y se establecerán los mecanismos para que el sistema lo pueda asumir”. Si la inflación quedara por encima del 3%, el coste superará con creces los 4.000 millones.

Para que esto no se repita, el Ejecutivo prepara un cambio legal, en la línea de lo demandado por Bruselas, para deslindar esta actualización del IPC general, y podría vincularlo en su lugar al IPC sin impuestos o a la inflación subyacente, que no incluye además, ni los precios de los alimentos ni de la energía.

(Cinco Días, 03-10-2012)

 

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