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Fecha: 20/11/2012

Fuente: lainformación.com

Desde ayer, pagar más de 2.500 euros en efectivo será ilegal

Ayer entró en vigor la prohibición para transacciones comerciales en efectivo que superen los 2.500 euros.

Es posible que ya lo hayan vivido: la típica reforma en casa. Tres obreros campando a sus anchas por su vivienda durante lo que iban a ser dos semanas y se han convertido en dos meses. Llega el momento de pagar. Pongamos que la factura asciende a 3.500 euros. Como es un contribuyente fiscalmente responsable pide la factura, incluyendo el IVA, hasta el último céntimo.

Se dispone a hacer la transferencia bancaria a la cuenta que le han proporcionado los operarios que ha contratado y, caray, se encuentra con que su entidad pretende cobrarle 20 euros por la operación. Decide que la reforma ya le ha costado bastante y plantea a los operarios pagar al contado. Se acerca a un cajero, extrae los 3.500 euros (IVA incluido) y se los entrega en mano, satisfecho porque ha evitado el coste adicional que le supondría realizar la transferencia. Fin de la historia.

¿Fin de la historia? Pues, hasta hoy, la respuesta hubiera sido que sí. Pero a partir de hoy podría ocurrir que si usted realiza esta misma operación se encuentre con que, además de la factura de 3.500 euros con su IVA correctamente consignado, se encuentre con otra de Hacienda en forma de sanción administrativa y equivalente al 25% de la cantidad abonada en mano: 875 euros extra.

El motivo es que hoy entra en vigor la disposición antifraude que deja fuera de la ley cualquier transacción comercial superior a 2.500 euros que se sustancie en efectivo, siempre que involucre a una empresa o profesional e independientemente de que incluya o no los impuestos que procedan.

La restricción no se aplicará a las operaciones entre particulares, que seguirán siendo completamente legales.

Como en el caso anterior, ya puede haber recibido la factura con el IVA consignado, si la transacción se ha hecho en mano procederá sanción por parte del Fisco.

Según el Ministerio de Hacienda, el objetivo es acabar en la medida de lo posible con las operaciones en efectivo, que la Agencia Tributariaha identificado como un foco de fraude, particularmente en materia de emisión de facturas falsas e impagos de IVA.

Como no hay inspectores de Hacienda suficientes para supervisar todas las transacciones comerciales superiores a 2.500 euros que se producen en España, el Gobierno ha optado por la decisión simbólica de situarlas fuera de la ley con la esperanza de que, subrayando su carácter irregular, dejen de realizarse.

En realidad, ha hecho algo más. Ha regulado un cauce para que si uno se ve forzado a abonar la compra de un bien o la prestación de un servicio en efectivo pueda denunciarlo ante la Agencia Tributaria en los siguientes tres meses sin que ello implique multa alguna. Si delatas al profesional, empresario o particular que te ha obligado a pagar en mano, quedas automáticamente perdonado y la multa administrativa recae en exclusiva en tu contraparte.

¿Una medida eficaz?

Los profesionales de la Agencia Tributaria llevaban mucho tiempo reclamando esta medida y desde la Organización de Inspectores de Hacienda se ha aplaudido su inclusión entre las medidas de la nueva Ley de lucha contra el fraude.

Sin embargo, las organizaciones representativas del colectivo de autónomos (probablemente los principales afectados por una disposición que según Hacienda trata de controlar a colectivos como pintores, fontaneros, servicios de mudanzas, o empresas de servicios, que principalmente se ubican en este régimen laboral), no sólo cuestionan su eficacia, sino que advierten de que se puede traducir en un mayor coste de los servicios para los usuarios.

“Los que no pagan ahora o emiten facturas falsas van a seguir haciéndolo y los pequeños autónomos que cumplen la ley y necesitan exprimir cualquier pequeño ahorro se van a ver afectados porque asumirán  el coste de las comisiones bancarias o los traslasarán a sus clientes”, señalan desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE).

No es un tema menor. Desde la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) se viene denunciando desde hace tiempo el perjuicio que les supone el encarecimiento de las comisiones bancarias, que en los últimos años ha aumentado un 40%.

En el caso de las transferencias pueden superar los 20 euros y por cobro de cheques tienen un valor medio de tres euros. Multipliquen esta cantidad por los cientos de transacciones que un pequeño empresario o profesional puede realizar en un año…

“Todas las medidas que se adopten para luchar contra el fraude son bienvenidas, pero hay que tener cuidado con poner más trabas a los autónomos que cumplen la ley y que están dados de alta”, recalca Lorenzo Amor, presidente de ATA.

El dirigente de la organización más representativa del sector recuerda que, según los técnicos de Hacienda, en el universo de los autónomos apenas se genera un 8% del fraude fiscal y, sin embargo, siempre son grandes protagonistas en los planes de lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria.

“Hay un millón de falsos autónomos, que desarrollan actividades fantasma y que generan una competencia desleal que está afectando al colectivo. Nos gustaría ver más medidas para luchar contra esa situación”, concluye.

A la espera de que eso ocurra, ATA ha optado por la difusión de la nueva norma y ha colgado una nota informativa en su página web para que todos sus asociados estén al tanto de los detalles de la prohibición que entra en vigor hoy, algo que también han hecho otras organizaciones sectoriales de ámbitos el transporte, los talleres de reparación de vehículos o la logística.

Sector inmobiliario

Hace unos años, una medida de esta naturaleza se habría relacionado inmediatamente con el sector inmobiliario. Hoy, con el sector deprimido y el número de operaciones en el sector en mínimos históricos ese vínculo se ha diluído.

Sin embargo, la disposición podría tener efectos en el sector, y no precisamente positivos.

Por primera vez en casi cinco años, en las últimas semanas han comenzado a llegar noticias positivas desde el sector inmobiliario, concretamente desde la costa, desde el mercado residencial más vinculado a la vivienda vacacional.

“Desde hace unos seis meses hemos comenzado a detectar un renovado interés de inversores europeos, rusos, finlandeses, holandeses, por el mercado de segunda vivienda de alta calidad”, señala Alberto García, responsable de Atalaya Inmobiliaria y de MLS, una plataforma que agrupa a una decena de inmobiliarias de la Costa del Sol.

Se trata de inversores bien informados, de clase media-alta y que pagan al contado y, en muchas ocasiones, en mano. Y ese podría ser el problema.

La prohibición de pagar en efectivo alcanza a todas las transacciones superiores a 2.500 euros, en el caso de españoles, pero también pesa sobre las operaciones cerradas por no residentes con empresas o profesionales del país por encima de los 15.000 euros, lo que podría suponer un freno para esta emergente mercado inmobiliario.

García se alinea con los que creen que la restricción no generará problemas y se resolverá sustanciando las operaciones al contado, pero a través de transferencia bancaria, pero no todos piensan igual y hay cierto temor a que la medida retraiga las compras.

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